Torture centers to "cure" homosexuality in Ecuador

Published: February 9, 2012

Paola Concha no olvida la odisea que tuvo que soportar en la clínica Puente a la vida, donde fue internada para “curar” su lesbianismo.

En junio del año pasado rompió el silencio y denunció las torturas y violaciones a las que era sometida como parte del “tratamiento”, pero hasta ahora, según sus propias palabras, no se ha hecho nada a fondo para eliminar por completo a los mal llamados centros de rehabilitación.
“Lo que ofrecen esas clínicas a las personas que los contratan es que quien va estar internado ahí va a salir recuperado”, cuenta.

Su relato es escalofriante. Revela detalles sobre cómo es el trato dentro de las clínicas. Todos giran en torno a la violación de derechos humanos, vejaciones, abusos sexuales, trabajos forzados, entre otros.

“He vivido las burlas de psiquiatras y de pseudoterapeutas vivenciales. Ni siquiera son profesionales. Nos vestían de hombres, y a los hombres los vestían de mujeres con carteles en la espalda que decían: Soy prostituta y quiero… Soy tortillera…”.

Meses después de la denuncia que hiciera Paola, el Ministerio de Salud clausuró por unos días a la clínica Puente a la vida con el argumento de que poseían medicamentos caducados.

Tatiana Cordero, del Taller de Comunicación Mujer, y Cayetana Salao, del colectivo Artikulación Esporádika, sostienen que en la inspección realizada por la cartera de Estado se constató violación de derechos humanos, calabozos, privación de alimentos y torturas. Doce menores de edad salieron,  otros veinte se quedaron adentro.

“Los informes del Ministerio de Salud, con respecto al cierre de esta clínica, dicen que no había ninguna irregularidad y que por la única razón que tendrían que investigar es porque existían medicamentos caducados. No porque hubiera torturas”, manifestó Salao.

Organizaciones sociales en defensa de los derechos de personas Gays, Lesbianas, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (GLBTI) reclaman al Gobierno se declare emergencia de salud a  los centros de rehabilitación de carácter privado, que derive en el cierre definitivo de aquellos donde existan denuncias de torturas.

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