Colombia corrects its constitution, recognizes gay people

Published: June 16, 2011

Realizan modificaciones en la Constitución colombiana que ofrecen mejoras en trato social a los pobladores homosexuales de este país, no obstante consideran faltan cambios radicales.
 
Antes de la Constitución Política de 1991, los homosexuales en Colombia se sentían como delincuentes. “No éramos ciudadanos de segunda, sino de quinta”, admite Adriana González, trabajadora social dedicada a la educación y quien ahora desarrolla programas para el reconocimiento de la comunidad LGBT.
 
“Yo adoro la Constitución y adoro la Corte Constitucional porque en todos estos años han hecho un reconocimiento sensible a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Siento que nos garantizan vivir en este país”, añade Adriana.
 
Para ella, y para cerca de 4 millones de homosexuales que se calcula hay en Colombia, la historia previa a la promulgación de la Constitución Política tiene trazos tan oscuros que muchos prefieren olvidarlos y que pocos recuerdan en episodios tan insólitos como no poder ser docentes, notarios o integrantes de las Fuerzas Armadas.
 
“El estatuto docente, las normas para ser notario o los requisitos para hacer parte de las Fuerzas Armadas les cerraban las puertas a los homosexuales de este país. Recibíamos tratamiento de delincuentes, porque desde el Código Penal de 1936 se penalizaba las relaciones entre las parejas de un mismo sexo”, aclara Marcela Sánchez, de la ONG Colombia Diversa.
 
Ahora, tras 20 años de experiencia bajo los preceptos de la Constitución los homosexuales cuentan con toda una batería de artículos, que empieza con el número 13, que contempla que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley; pasa por el número 16, sobre el libre desarrollo de la personalidad; pero se estrella con el 42, porque este establece que la familia se constituye por “la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”.
 
Este último es quizá el principal dolor de cabeza de la comunidad, porque su redacción implica que los homosexuales no hayan podido avanzar en dos frentes: la posibilidad de contraer matrimonio civil y la adopción conjunta de menores.
 “Soy ciudadana, pago impuestos, pero aún el Estado no me reconoce el derecho a decidir con quién casarme”, dice Adriana.
 
En los últimos cuatro años, esta trabajadora social tiene una unión de hecho, reconocida ante un notario, con Marcela, una ingeniera de sistemas, con quien comparte la pasión por los viajes. El paso que han estado esperando es que puedan tener un matrimonio civil, como el que celebran los heterosexuales.
 

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